Buscan nuevas redes para el abastecimiento de agua a los agricultores de Guía y Gáldar

Las Palmas de Gran Canaria

La concentración de algunos miembros del Consorcio de Regantes del Norte de Gran Canaria durante este miércoles ante la sede del Consejo Insular de Aguas en Las Palmas de Gran Canaria ha generado las primeras reacciones en el Cabildo de la isla. Mientras para los convocantes de esta concentración las aguas andan revueltas, el presidente de la corporación insular, Antonio Morales, sostiene que todo forma parte de un procedimiento administrativo que sigue su cauce. El máximo mandatario insular considera que el Consorcio de Regantes ha incumplido sus compromiso con el Consejo Insular de Aguas al que adeuda más de medio millón de euros.

Morales ha señalado que están buscando vías alternativas para que los agricultores puedan acceder a un abastecimiento seguro. "El Consejo Insular de Aguas ha cortado el suminisro al Consorcio de Regantes y este se lo ha cortado a sus consorciados que pagan puntualmente al consorcio", ha dicho el presidente quien aclara que "es el Consorcio quien no paga al Consejo Insular.; tienen una deuda de más de 500.000 euros y una deuda con el Gobierno de Canarias". Según ha subrayado Morales, el Ejecutivo autonómico ha notificado una sanción a esta Corporación de Derecho Público del norte de la isla de Gran Canaria por la construcción de una balsa que es ilegal. "Ese Consorcio funciona como funciona y es el que ha dejado colgado a los agricultores a pesar de que pagan" ha explicado.

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Para Morales, "la corporación insular está siguiendo los procedimientos administrativos reglados como establece la legislación porque, de lo contrario, se estaría cometiendo un delito de prevaricación". El Consejo Insular de Aguas ha tomado esta decisión porque, de lo contrario "se estaría prevaricando". "No se puede dejar que se engorde la deuda de 500.000 euros a un millón y, mientras, el consorcio cobra a los agricultores".

El presidente del Cabildo de Gran Canaria ha instado a agilizar la búsqueda de redes alternativas de riego y recuerda que el 80% del territorio de la isla está en riesgo de desertización y la obligación de la corporación insular es la de dar cobertura y seguridad hídrica a sus habitantes.

Por su parte, uno de los manifestantes, Víctor Pérez, ha apuntado desde la concentración a las puertas del Consejo Insular de Aguas que "el responsable de la situación es el Consejo Insular de Aguas ya que hemos pasado de pagar 20 euros la hora, a multiplicar por diez los gastos. Han facturado por encima del consumo y nos generan un perjuicio muy grande. Hay una persecución para que no podamos regar, por eso hemos decidido no pagar. Han politizado este asunto el Ayuntamiento de Guía y otras administraciones. Tengo solicitudes desde hace cinco años para montar desaladoras y tuberías y no nos dan los permisos, lo que vamos a hacer es montarlas sin los permisos y nos veremos en el juzgado y que sea el que resuelve".