La banca echa el cierre a más de 200 oficinas en Canarias desde el inicio de la pandemia

Santa Cruz de Tenerife

La banca ha echado el cierre a más de 200 oficinas en Canarias desde que comenzó la crisis sanitaria deriva del Covid-19. Según la propia estadística del Banco de España, al término de 2019 había en las Islas 849 establecimientos: desde entidades de crédito, cooperativas y sucursales hasta cajas de ahorro o despachos de cambio de moneda. A finales de 2022, la lista de locales se reducía hasta los 626.

Pero la exclusión financiera que denuncian las organizaciones de consumidores no acaba ahí. Actualmente, dos municipios han perdido la presencia de oficinas bancarias en el Archipiélago: Garafía (La Palma) y Betancuria (Fuerteventura). El pasado año se sumaron en el conjunto del país otras 121 localidades según adelantó Cinco Días. La digitalización gana terreno pero para el responsable de estudios de la Asociación de Usuarios Financieros, Antonio Luis Gallardo, debería ser "algo voluntario". A su juicio, "hemos pasado a que sea algo que nos imponen".

La patronal se aferra a la "alta bancarización"

Los mayores problemas de acceso se concentran ahora mismo en los entornos rurales y la tercera edad. Es algo que reconocen las principales patronales bancarias que, sin embargo, usan la alta bancarización como argumento por excelencia. En un documento conjunto publicado en el Observatorio de Inclusión Financiera aseguran que, pese al cierre de sucursales, "los españoles cuentan con la mayor red bancaria de la Unión Europea" y "solo el 3% de la población carece en su municipio de una oficina". Es un asunto en el que también recala Gallardo explicando que "en España nos han pintado, y en Canarias pasa lo mismo con las distancias, que había muchas oficinas bancarias. Pero es que en España el 98% de los mayores de 18 años tiene una cuenta corriente".

Hace apenas seis meses, las patronales bancarias acordaron con el gobierno una hoja de ruta para que las entidades de crédito aseguren el acceso presencial para el 100% del territorio. El pacto incluye garantizar al menos un punto de acceso a más de 600.000 personas que viven en 3.230 municipios que no disponen de servicios financieros. Además, se debe mantener la oferta en las localidades con tan solo un punto de atención.

Otro de los efectos directos de esa exclusión financiera según el responsable de estudios de la Asociación de Usuarios Financieros es la presión que el cierre de establecimientos traslada a los empleados de la banca. Para Gallardo, se trata de "un proceso peligroso" porque el concepto es "enteramente empresarial en el que se evalúan los resultados que obtiene la oficina y los que obtiene el empleado". Como consecuencia, "tenemos el riesgo de un cliente no atendido y también de que pueda haber una tendencia de que nos ofrezcan no tanto lo que necesitemos sino lo que es más comercialmente válido".