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Cuenta atrás para la quiebra de la Justicia: un juez de Canarias da la voz de alarma

Las jubilaciones de los próximos 10 años colocan al sistema en un riesgo extremo de colapso

Fachada del Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife / Cadena SER

Santa Cruz de Tenerife

"La situación es de colapso absoluto y en los próximos 10 años va a haber numerosas jubilaciones; hay un riesgo extremo de quiebra del sistema judicial". Así de contundente se ha mostrado el juez tinerfeño y miembro del comité nacional de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria Sergio Oliva. "Esto tiene que saberlo muy claramente la ciudadanía", apunta el magistrado. Oliva advierte de la necesidad de crear "más unidades judiciales, y de contar con más jueces".

"Estamos al borde del colapso"

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La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha solicitado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), para que lo haga llegar a la Secretaría General para la Innovación y Calidad del Servicio Público del Ministerio de Justicia, la creación de al menos diez nuevas unidades judiciales en 2023 al entender que es "prioritaria e imprescindible".

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Diez unidades más

Así lo ha aprobado el órgano de gobierno de la justicia en Canarias en su reunión ordinaria del 10 de marzo. Señalan que la creación de al menos diez nuevas unidades judiciales para 2023 lo avala "no solo al incremento de la población de derecho que registra Canarias", sino el volumen de ingreso de asuntos durante el año 2022, así como la "elevada población de hecho que registra esta comunidad (en 2022 se registró la cifra de 12.329.171 turistas internacionales)". Es una situación a la que ya ha apuntado el CGPJ al concluir en un informe que a finales del año pasado el Archipiélago habría necesitado al menos 5 meses extra para ponerse al día con la cantidad de cuestiones pendientes de resolver que registraba.

En concreto, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife se solicita una plaza en la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia, con sede en Santa Cruz de Tenerife; un juzgado de primera instancia en Santa Cruz de Tenerife y otro en La Laguna; un juzgado mixto en Granadilla de Abona; y un juzgado de lo mercantil también en la capital tinerfeña. En la provincia de Las Palmas, la petición pasa por un nuevo juzgado de violencia sobre la mujer en Las Palmas de Gran Canaria, un juzgado de primera instancia e instrucción en Puerto del Rosario (Fuerteventura) o un juzgado de primera instancia con competencia en asuntos de familia también en Las Palmas de Gran Canaria.

Para la Sala de Gobierno del TSJC esta situación se traduce en la "elevadísima tasa de litigiosidad de Canarias, que ha sido y sigue siendo la más elevada de España y que llega a duplicar los registros de los territorios en que menos se litiga", según ha informado el TSJC. Para Oliva, se trata de "un mal endémico del Archipiélago" acusado por los numerosos conflictos, la escasez de jueces y la falta de unidades judiciales. Esto, se traduce en "una justicia tardía" que "daña la salud de los jueces".

Durante el tercer trimestre de 2022, las Islas registraron una tasa de litigiosidad de 41 pleitos por cada 1.000 habitantes, siendo ésta la más elevada del país porque "falta un poco de cultura de evitar el juzgado", según el experto. También apunta "a la población flotante" del Archipiélago como uno de los factores influyentes en el colapso del sistema: "Los jueces canarios tienen mucho más trabajo que otros jueces de otras comunidades".

Continúa la huelga de los letrados

Hace ya casi dos meses que comenzó la huelga indefinida de los Letrados de la Administración de Justicia. Dos meses en los que miles de señalamientos han quedado suspendidos en el Archipiélago, agravando los retrasos que ya eran evidentes en los juzgados. En concreto, una de las jurisdicciones más afectadas es la Social, ya que como consecuencia de la movilización se están señalando juicios por demandas laborales para finales de 2023 y para 2024.

Más de 10.000 actos jurídicos han quedado suspendidos, incluidos los trámites de divorcio y los expedientes matrimoniales. En este último caso, cabe destacar un dato: en Canarias se han paralizado alrededor de medio millar de trámites judiciales necesarios para poder casarse.

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