La lista de espera de la vivienda pública en Canarias: el Gobierno autonómico admite que no se cumplirá el Plan a tiempo

Canarias

Joshua es un tinerfeño de 35 años, con dos hijos pequeños. Lleva seis años esperando por una vivienda pública, desde 2016. En total, más de 18 mil personas esperan por una en Canarias. Los que acaban de solicitarla, se encontrarán con un panorama mucho peor por la coyuntura económica y por la incertidumbre que provoca la situación de nuestros principales mercados emisores de turistas, derivada de la evolución en la guerra de Ucrania.

La subida del Euribor, que ha superado el 2% y se prevé que termine el año con una cifra cercana al 2,5%. Unido a un mercado, el de la vivienda, cada vez más volátil, porque está sujeto a la presión económica y la escalada de precios, hacen que las promesas electorales relativas a la vivienda sean fáciles de incumplir, simplemente por esta coyuntura. Pero estas no son las únicas cifras a destacar. El precio de la vivienda de segunda mano se encuentra, ahora mismo, en los 1.871 euros por metro cuadrado. Se trata del último dato que ha publicado Fotocasa, de hecho, ha subido un 5% en agosto con respecto al mes anterior. Canarias se convierte así en la quinta Comunidad Autónoma donde se registra el precio más caro. Y eso, con los sueldos más bajos del país junto con Extremadura. 20.185,3 euros es la media de salario anual.

Hablamos ahora de los colectivos más afectados, que normalmente no pueden comprarse una vivienda, mucho menos pagar los altos alquileres que hay ahora en el archipiélago o en el conjunto del territorio nacional. Como es usual, las mujeres las grandes perjudicadas. Cerca del 19% de las empleadas, recibe una cantidad inferior a la del Salario Mínimo. Los jóvenes, otro colectivo protagonista. El 23% de los que se sitúan en la franja entre 25 y 34 años con estudios superiores en Canarias, está desempleado. Y más del 42% del total, son menores de 25 años.

Volviendo a hablar de la vivienda pública -recordemos que son 18 mil personas las que esperan por una en el archipiélago-, la mayoría, en las dos islas capitalinas. Aunque destaca la isla de Lanzarote, con más de mil demandas. Es en esta isla donde el Estado no se ha decidido a construir desde hace más de 25 años. En el nuevo Plan, se contemplan 200 solo Arrecife. Aunque hay que reseñar que no se contempla ninguna construcción o alquiler en el programa para combatir la despoblación ni en Lanzarote ni en Fuerteventura. Resulta paradójico.

Los expertos inmobiliarios advierten de que el principal problema radica en la imposibilidad para conseguir suelo finalista en las islas. Dice Isidro Martín, de la Asociación de Expertos Inmobiliarios "tenemos una gran parte de territorio protegido en Canarias. Tenemos suelo, pero no finalista. El suelo finalista es por el que puedes pedir licencia. Y para conseguir que lo sea, el procedimiento es mucho mayor. Tres o cuatro años en cada proyecto. Por lo que todo se demora mucho más".

"Llevo esperando por una vivienda pública desde 2016. Ahora por fin nos la darán en el Tablero" Joshua, 35 años, 2 hijos pequeños.

No hay stock tampoco de vivienda. En 2018, que es el último dato que encontramos a nivel nacional, se encontraba en números negativos tras varios años de continuos descensos. Y el número de personas que demandan una vivienda pública crecerá con el tiempo, con más del 38% de personas en riesgo de exclusión social o pobreza en Canarias y con una población que no deja de crecer. Hay, ahora mismo, más de dos millones quinientas mil personas. "Estamos sufriendo las consecuencias de no construir vivienda durante dos décadas", admite la Directora de Vivienda.

Con todos estos datos sobre la mesa, podemos hacernos una idea de la complejidad que ha tenido el Pacto de las Flores para plantearse un nuevo Plan de Vivienda. 2020-2025 -en teoría-. 14 programas, la mayoría relacionados con el alquiler, que es tendencia en Canarias en los últimos años. Entre esos programas, se contempla el de "prohogar", para ayudar a las familias más vulnerables en riesgo de desahucio; el de autoconstrucción -según el Gobierno regional, es el único que no ha comenzado- o los pensados para jóvenes. La ayuda del ejecutivo en la compra de la primera vivienda, o el fomento del éxodo de este colectivo a los municipios de menos de 20 mil habitantes -ayudándoles a alquilar o comprar en estos lugares-.

Los planes de vivienda normalmente tardan en ejecutarse por completo, de media, unos 14 años, y las primeras viviendas se han dado, históricamente, a los 8 años. Y es que, cada vivienda pública, cuesta en construirse entre 18 y 24 meses, asegura Isidro Martín.

Maribel Santana, Directora General de Vivienda del Gobierno canario, ha reconocido en Radio Club Tenerife que no se cumplirá el objetivo de legislatura de que se ejecute correctamente el plan antes de que acabe 2025, aunque asegura que va mucho más rápido de lo esperado y a pesar de todas las circunstancias que rodean su elaboración. "Hemos tenido problemas de partida para arrancar con el suelo; problemas legislativos, y problemas internos de subvención. Los procedimientos administrativos son la causa principal de la tardanza de nuestro Gobierno".

Según Santana, es algo que se debería tratar de forma seria en el Parlamento de Canarias. "Hay que hacer una reflexión para ver que, en determinados momentos, si el proceso no cambia, de hoy para mañana no llegará el dinero". Y, aunque no se haya avanzado lo esperado, de momento sigue adelante. Hay 450 proyectos en redacción 164 en actualización para poder escribirlos. Más los que se contemplan desde Viviendas Sociales de Canarias (Visocan). El objetivo, que ya sabemos que no se cumplirá antes de que acabe 2025, es el de incorporar 5971 viviendas, más del 60% de ellas de promoción pública. Otra cuestión que se contempla en el plan es la de los alquileres sociales "sostenibles". Con el presupuesto destinado para ellas, solo se podrían llegar a construir unas 200 viviendas, algo insuficiente para toda la demanda que hay que cubrir.

Para Isidro Martín, "la colaboración público-privada debe ser superior. Se debe incentivar, porque los compañeros están preparados para hacerlo. Que se les dé incentivos fiscales para que se lancen a construir vivienda social y así agilizar los procesos". Por mucho que se modere el alquiler, el precio seguirá alto. Hay escasez de vivienda de promoción privada, y si hubiera más promotores, habría más oferta y se impulsaría la vivienda, sobre todo la de segunda mano en las islas.

Y ahí, en ese panorama, asegura Martín, es donde entran en el debate los grandes tenedores, dice el experto inmobiliario. "Los grandes tenedores de vivienda han cedido, pero se deben buscar más acuerdos con ellos a precios razonables para la habitabilidad de las viviendas. Además de que los consistorios cedan suelo".

"El problema radica en los procedimientos administrativos. Es algo que debería pasar por el Parlamento de Canarias y convertirse en ley, para que no se tarde tanto en dar una vivienda en Canarias" Maribel Santana, Directora General de Vivienda del Gobierno autonómico.

El Gobierno de Canarias quiere agilizar este proyecto tan ambicioso en este final de legislatura, a la espera todavía de lo que ocurra en la próxima votación en las urnas. Afirma Maribel Santana, que "aunque el Gobierno de España haya cambiado las subvenciones de baremación a concesión directa, seguimos tardando mucho en llegar. La burocracia es nuestro peor enemigo para poder llegar a los objetivos planteados". Todo, unido a la coyuntura económica planteada, a la falta de suelo y a la tardanza en construir vivienda pública durante más de dos décadas en Canarias, hacen imposible conseguir cualquier propósito destinado a resolver el gran problema habitacional que albergan las islas. Por ello, desde la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transporte del Gobierno de Canarias, se han comprometido a agilizar esos trámites con pliegos para viviendas a medio terminar.

Ahí queda el debate sobre si es posible o no conseguir un Plan a medio, incluso a corto plazo. El proceso, una vez conseguido, incluso se puede complicar más. Tenemos el ejemplo de los más de 3 mil canarios que llevan desde mediados de los años 90 del siglo pasado reclamando la titularidad de las viviendas que consiguieron por parte del Gobierno de Canarias -tras la ejecución del II Plan-. Hoy, continúan pagando un alquiler a pesar de las promesas del Ejecutivo regional y a pesar de formar parte de los colectivos más vulnerables económica y socialmente hablando. Actualmente, se han unido en la Plataforma Viviendas Sociales en Lucha.

Habrá que esperar -aún más- para ver si todo lo pactado se cumple. Quienes lo sufren, como siempre, los ciudadanos.