Opinión

Sobre la descarbonización

El Enfoque de Francisco Pomares

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Santa Cruz de Tenerife

En Canarias (y en otros territorios españoles, no somos la única excepción) nos hemos acostumbrado a disfrutar de muy buenas tarifas en el transporte aéreo interinsular y con Península, como resultado de la aplicación del 75 por ciento de la bonificación por residencia. Es una ayuda de Estado, que responde a la inexistencia de otras inversiones en transporte –como las muy multimillonarias que se realizan con cargo al Presupuesto nacional para sostener Renfe o invertir en la red de carreteras- y que ni de lejos se compensan proporcionalmente con un miserable convenio arrastrado por los tribunales y permanentemente en almoneda.

Si en Canarias tuviéramos un Gobierno respetado por el del Estado, en vez de un intercambiable sindicato de palmeros de Moncloa, el problema de las tasas a la descarbonización podría resolverse apelando también a la justicia entre territorios españoles y no sólo a la clemencia y comprensión europea. Canarias siempre ha sido mejor tratada por Europa que por el Estado. Y más comprendida. Pero en este concreto asunto de las medidas para frenar el cambio climático, es menos creíble que vayamos a quedarnos del todo fuera. Podemos confiar en una apuesta decidida por la producción masiva y abaratamiento de los ecocombustibles, difícil de materializar en una década, o podemos mirar para otro lado y decir que la que se nos viene encima no es tan grave, que es cosa de agoreros creer que la descarbonización suponga un problema para nuestra economía. Eso es lo que decía Torres no hace tanto: “Tenemos que tener bien claro que la apuesta por la descarbonización y la apuesta por la transformación verde es ineludible, es indiscutible y no admite atajos”.

Lo dijo el pasado 22 de abril, Día de La Tierra. Luego alguien le explicó cómo se iba a poner el patio en Canarias con el impuesto al queroseno, y ahora anda exigiendo un atajo pret a porter. A Europa.

Ni se le ha pasado por la cabeza pedirlo también a Moncloa. Como ayuda de Estado. Como una segunda compensación -los 250 millones de la bonificación a la residencia son la primera- por la ausencia de inversión en el transporte en las islas.

 
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