Promotores y constructores arremeten contra la política de vivienda del Govern: "El sistema urbanístico es una jungla de inseguridad jurídica"

Palma

Promotores y constructores arremeten contra la política de vivienda del Govern y critican que el decreto urgente de medidas urbanísticas que mañana se debatirá en el Parlament encarecerá el suelo, impedirá la construcción de vivienda asequible y abrirá la puerta a la especulación. Las patronales de constructores y promotores censuran que el Ejecutivo balear no ha contado con ellos para contribuir a solucionar un problema, el del acceso a la vivienda, que complica la vida de miles de familias de las islas. Acusan a las administraciones de haber retirado del mercado 52.000 hectáreas de suelo urbanizable tras la aprobación de varias normativas urbanísticas a lo largo y ancho de la isla.

La patronal ha arrojado diferentes cifras relevantes sobre la mala situación del mercado de la vivienda y su impacto en los ciudadanos: Baleares tiene un déficit de más de 20.000 viviendas y sería necesario construir alrededor de 7.000 al año para dar salida a las necesidades sociales. Sin embargo, no se construyen más de 3.000. Otros datos relevantes: desde 2015 el precio de la vivienda ha crecido un 68% según el Instituto Nacional de Estadística; el precio del suelo en noviembre pasado duplicó la media nacional y Baleares es la comunidad en la que sus habitantes realizan la mayor tasa de esfuerzo para pagar una vivienda, con 16 años de sueldo íntegro. Además, según la patronal, apenas 460 jóvenes han podido acceder a las ayudas al alquiler para menores de 35 años y 7.317 familias están en lista de espera para una vivienda social.

El presidente de los promotores inmobiliarios de Baleares, Luis Martín, cree que el principal problema es la carestía del suelo, escaso y muy limitado en una comunidad insular. La tramitación de diferentes normativas de ordenación ha dejado paralizados los proyectos previstos en zonas como Palma o Calvià, a la espera de la aprobación definitiva de sus planes generales. Martín recuerda que en los últimos cuatro años se han realizado 14 modificaciones legislativas en el ámbito urbanístico, lo que ha convertido el sistema urbanístico balear en una jungla de inseguridad jurídica. Los funcionarios y técnicos, dice, están desquiciados para tratar de interpretar la normativa, que está generando una mayor confusión en el sector. Todo esto, asegura, pone palos en las ruedas de la construcción de vivienda al que se suma la carestía del suelo y los enormes retrasos de hasta 16 meses en la tramitación de las licencias.

Óscar Carreras, presidente de la comisión de Construcción de la patronal CAEB, insiste en que hay soluciones para poner fin al problema, pero el sector público y el privado han de ir de la mano para aplicarlas. Desde permitir el cambio de uso en solares que llevan años abandonados, a programas de suelo público, la reducción de la carga fiscal en la compra de vivienda o el uso de materiales locales. "Lo primero que exigimos es un pacto entre todos los partidos y que tenga una duración de más de ocho años. Necesitamos una seguridad normativa, no tener una catarata de 14 normas diferentes en cuatro años, es que es imposible, ni los expertos pueden seguir esa dinámica. Hay que adaptar la normativa a la necesidades reales de la sociedad, todavía tenemos normativa que nos obliga a construir un número de viviendas limitado. Defendemos creer en altura y densidad, no en primera línea sino en zonas consolidadas, hacer una homogenización del sky line de Palma y de las ciudades, que es un desastre".

La patronal también se ha referido a las propuestas para limitar la compra de vivienda a los no residentes. Carreras considera que es una cortina de humo porque, dice, el tipo de vivienda que compra un extranjero y que de media supera el medio millón de euros, no es el tipo de inmueble por el que se interesa el cliente nacional. El Parlament debatirá mañana en un pleno extraordinario un decreto de medidas urbanísticas urgentes que limita a los Ayuntamientos la creación de nuevas urbanizaciones si existe suelo urbano sin desarrollar en sus municipios. El decreto también desclasifica más de un centenar de hectáreas de suelo en Mallorca e Ibiza vetando la construcción de proyectos polémicos como el hotel de Ses Covetes en Es Trenc.