El PSOE lleva a Fiscalía los contratos de emergencia de la Junta en Cádiz

Cádiz

El PSOE ha denunciado ante la Fiscalía de Cádiz a varios cargos de la Junta de Andalucía, entre ellas a la ex consejera Marifrán Carazo, y a la delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, por las supuestas irregularidades que el Gobierno andaluz pudo cometer en la sucesión de contratos de emergencia que realizó con la empresa Obras Civiles y Edificiaciones Barbeal. Según esta denuncia, a la que ha tenido acceso a la SER, la Consejería de Fomento impulsó en los dos últimos años contratos de emergencia pr valor de 65 millones de euros. De ellos, tres fueron a parar a esta empresa y a Juan Veas Pérez S.L.U., a pesar de que no constaban las clasificaciones preceptivas, los medios necesarios y la solvencia requeridas.

En esa denuncia, los socialistas exponen que se hizo un uso inadecuado de los contratos de emergencia, que están limitados a situaciones extraordinarias como acontecimientos catastróficas o situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional. Esos contratos fueron para carreteras de a provincia de Cádiz como la A-390, la A-480 o ala A-2200. También detalla en la denuncia que la empresa Obras Civiles y Edificaciones Barbeal S.L. y Juan Veas Pérez S.L.U. no tenían "aptitud ni solvencia" para ejecutar estos proyectos, de ahí que los subcontratara con otras, algo que, para el PSOE, "violaba la prohibición expresa de subcontratar" establecida por norma.

"Barbela recibió cuatro millones de euros para carreteras en la provincia de Cádiz, sin estar en el registro de licitadores de la Junta ni del Estado, sin acreditar su solvencia, y al adjudicar a Juan Veas Pérez S.L.U. una obra sin que pueda estar acreditada su solvencia al no tener depositadas sus cuentas anuales en el registro mercantil", reza la denuncia.

Los socialistas creen que la Junta ha podido incumplir el artículo 404 del código penal, una posible existencia de prevaricación administrativa", y el 436, que recoge el de malversación de caudales públicos.

En su denuncia, el PSOE reclama a la Fiscalía que inicie diligencias y se tome declaración a Marifrán Carazo, Mercedes Colombo, al director general de Infraestructuras de la Junta, Enrique Manuel Catalina, y al jefe de servicio de Carreteras en Cádiz, Alberto J. Blas, en calidad de denunciados. La denuncia fue presentado el pasado 20 de mayo.

EMPRESA DE CÁDIZ

Según la información adelantada en su día por la SER, La Consejería de Fomento ha recurrido también a los contratos de emergencia en los últimos dos años y llama la atención que la empresa con mayor volumen de facturación es Barveal S.L. para reparación de hundimientos y deformaciones de la calzada de sendas carreteras en la provincia de Cádiz (la A-390 entre Chiclana de la Frontera y Medina Sidonia por 1.185.000 euros y la A-480 entre Jerez de la Frontera y Chipiona por casi 3 millones, 2.890.000).

Barveal es una empresa de Cádiz a la que se adjudicó su primer contrato sin tener trabajadores ni experiencia en el sector. No está en el Registro de Licitadores de la Junta y el Estado, carece de la clasificación preceptiva que acredite su solvencia y no tenía volumen de negocio, ni tampoco saldo. Arrastraba ocho mil euros de deuda y un riesgo de morosidad muy alto cuando logró ese primer contrato a dedo de la Junta de Andalucía.

Con estas dos obras, ha sido la empresa más beneficiada por estos contratos de emergencia con el mayor volumen de negocio por valor de 4 millones y con la mayor obra adjudicada. EL primero de estos contratos, sin concurso público, se adjudicó el 29 noviembre de 2021, un año después de que esta sociedad se constituyera con la actividad principal de construir y adecentar locales de hostelería y edificios residenciales, nada que ver, por tanto, con la reparación de carreteras para la que fue contratada. Varias empresas fueron invitadas por la Junta para estas obras, pero finalmente se las adjudicó la que no tenía experiencia.

EXPLICACIONES DE LA JUNTA

En su día, la Junta esgrimió en primer lugar que las obras se ejecutaron en tiempo y forma. Y en cuanto al proceso de adjudicación, afirmó que los requisitos que exige la ley de contratos para el sector público no son aplicables a los contratos de emergencia. Por ello, el gobierno andaluz no penalizó a Barveal que no esté en el registro de licitadores de la junta, que no tenga la calificación habilitante para obras de más de medio millón de euros y que no tuviera volumen de negocio en su balance dé resultados, aunque hay organismos que advierten de que este tipo de Contrataciones no garantizan la transparencia, y una propia Instrucción de la Dirección General de Contratación de la Junta estableció en 2021 la necesidad de acreditar solvencia y capacidad económica y técnica. La junta, sin embargo, explica que priorizó a empresas locales, aunque no acreditaran su solvencia. Por último, a pesar de que el pliego de la obra rechaza que se pueda subcontratar, la Junta explica que la adjudicataria podía subcontratar parte de la obra (como así lo hizo con Manuel Alba S.L., Eiffage y Ortega Señalizaciones).