El TSJA lamenta en su memoria que "no se hayan producido avances" en la Ciudad de la Justicia de Huelva

La memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de 2022 vuelve a poner de manifiesto el déficit en infraestructuras judiciales, que no responde "al nivel exigible" para dar un servicio público a los ciudadanos, así como para desarrollar su actividad los profesionales funcionarios y trabajadores públicos. Respecto a Huelva, lamenta el TSJA, que no se hayan producido avances en lo referente a la plasmación de la Ciudad de la Justicia. La situación más grave, según la memoria del Alto Tribunal, la presenta Ayamonte, por la dispersión y la falta de espacio.

Dice la memoria del TSJA que solo las capitales de Almería, Córdoba y Málaga cuentan con "modernos y unificados edificios judiciales". En cambio, señala que "no se han producido avances en 2021 en lo referente a la plasmación de un proyecto de Ciudad de la Justicia". Sostiene el TSJA que si bien es cierto que esa "ancestral" deficiencia no puede ser corregida de forma brusca, precisa tanto de "un importante impulso presupuestario como de una amplia planificación". Por ello, advierte de que estarán muy pendientes del desarrollo y ejecución del Plan Estratégico de la Justicia en Andalucía.

Ramiro Guinea, miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Huelva, señala que la memoria en lo que respecta a la Ciudad de la Justica es "una mera declaración de intenciones". "Nadie duda de que para Huelva supondría un salto importante contar con unas instalaciones judiciales acorde al año 2023 y no lo que tenemos ahora que es una colección de remiendos para dar un servicio medio decente". Guinea subraya que si vemos otras Ciudades de la Justicia, como la de Córdoba, "nos damos cuenta de que estas instalaciones suponen una mejora de calidad sustancial", aunque advierte: "siempre que, además el edificio, se nos dote también de personal y materiales técnicos para funcionar de manera correcta".

En el caso de Ayamonte, prosigue la memoria, y a la espera de un proyecto serio para construir la nueva sede judicial unificada, se ha procedido por la Consejería al arrendamiento de un local, cercano a la sede principal, para reubicar "con mejores condiciones" los seis Juzgados. También recuerda que por Real Decreto se creó el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Ayamonte, que aliviará la carga de asuntos, si bien la fecha de entrada en funcionamiento será en septiembre de 2023. También los edificios de Aracena y Valverde del Camino presentan problemas importantes, según se recoge en la memoria. Ramiro Guinea precisa que no se trata solo de proporcionar nuevas sedes judiciales, sino de "aportar soluciones a los problemas de personal para desatascar la situación actual". Hay otras medidas que pueden contribuir a agilizar la carga de trabajo, según Ramiro Guinea, como "desdoblar la jurisdicción en temas de instrucción, penales y civiles" para que los procedimientos vayan de forma más rápida.

La provincia de Huelva dispone de 14 Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, en los que se detecta una desigual carga de trabajo. El TSJA incide en la necesidad de un aumento de la dotación de plazas judiciales en los partidos judiciales de La Palma del Condado y Moguer.

La Audiencia Provincial de Huelva está compuesta por tres Secciones, una civil y dos penales, que han ingresado un total de 3.173 asuntos, 1.564 penales (12% menos y también se han resuelto un 12% menos) y 1.609 civiles. La tónica de la evolución en casos penales ha sido la estabilidad en la entrada de asuntos en los últimos años, paralela al número de asuntos resueltos.

En cuanto a la jurisdicción civil, en 2022 ha registrado 1.609 asuntos civiles (un 5% más) y resuelto 1.259 (un 8% más) pero en este ámbito sí se ha superado la carga de trabajo estando situada en la media de ingreso por magistrado en 321 asuntos, cuando el umbral está en 200 Según remarcan desde el Colegio de Abogados de Huelva, los dato de la memoria se quedan "antiguos" debido a la actual huelga de letrados de justicia y la que está anunciada de jueces y fiscales, que se traducirá en un frenazo a la tramitación de los procedimientos.