Córdoba

La empresa organizadora del 'Crazy Winter Festival', Eventos Califa, ha interpuesto en los juzgados de Córdoba una querella criminal por un presunto delito de prevaricación contra el presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), Salvador Fuentes (PP), después de que le fuera denegado el permiso para la organización de un evento de música electrónica que prometía reunir a más de 5000 personas en el recinto ferial El Arenal. El Ayuntamiento aludía entonces a cuestiones de seguridad e informes desfavorables de la Policía Nacional y la Policía Local.

En la querella, impulsada por el letrado Francisco Acosta, se expone que la empresa organizadora ya había realizado un evento de similares características —al que, según el consistorio, aluden las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para desaconsejar la celebración del acto—. De igual modo, se refiere un correo electrónico de una técnico municipal en el que se aludía a que "ya existe informe técnico favorable para la celebración del festival hasta las 4:00 horas del día12 de febrero". Posterior a esta comunicación, relata la querella "Urbanismo requirió más documentación y los organizadores prosiguieron con los últimos detalles para la realización del evento, como son la contratación de personal o la venta de entradas".

Sin embargo, a escasas horas de que los altavoces empezaran a crujir, el Ayuntamiento denegó el permiso para la celebración del festival. Entre los motivos, problemas de seguridad vial y personal, falta de idoneidad del recinto escogido y la coincidencia con el partido de que enfrentó al Córdoba C.F. con el Real Madrid Castilla el mismo día del concierto. En el texto remitido al juzgado, consultado por Radio Córdoba, se expone que "de no ser idóneo el sitio, podría haberse expuesto desde el primer momento; no consta expediente administrativo de los informes desfavorables de la Policía Nacional; y que el partido de fútbol se programó en ese día con posterioridad al evento musical".

Se argumenta además que "la Gerencia ha suspendido el concierto sin argumentos legales, revistiéndolo de informes que no constan en el expediente administrativo" y que, según figura en la denuncia, se habrían requerido a la GMU hasta en seis ocasiones. Por ello, la representación legal de Eventos Califa acusa a Fuentes de "tomar la decisión de forma arbitraria", lo cual, según su criterio, incurriría en un presunto delito de prevaricación administrativa.

La empresa estima sus pérdidas en 150 000 euros, aunque por el momento apenas se habrían producido 300 devoluciones de los tickets para el evento, pese a que se habían vendido unos 5000. Por otra parte, hasta ahora, el gobierno municipal ha defendido que la empresa organizadora nunca contó con la autorización formal pertinente para la realización del acto, aunque sí se ha admitido que "se debiera haber resuelto con mayor antelación respecto al mismo".

OTROS AYUNTAMIENTOS SE INTERESAN POR EL EVENTO:

Según fuentes de la compañía organizadora, al menos dos ayuntamientos de la provincia de Córdoba se habrían ofrecido a albergar el multitudinario evento, en caso de que se optase por reprogramarlo. Sin embargo, por el momento la opción que parece más viable, detallan las mismas fuentes, "sería canjear las entradas por el festival que organizaremos en septiembre".

Este paso tensa todavía más las relaciones entre la empresa organizadora del 'Crazy Festival' con la calle Capitulares, después de que en varios encuentros se haya incluso barajado la posibilidad de que pudiera realizarse en el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones.