PP y Vox registran una nueva Proposición de Ley para ampliar los regadíos en Doñana bajo el apercibimiento del Miteco de llevarla al Constitucional

Huelva

El Grupo Parlamentario Popular ha vuelto a registrar este viernes en el Parlamento de Andalucía una Proposición de Ley conjunta con Vox sobre la regulación de las zonas de regadío de cinco municipios situados al norte de la Corona Forestal de Doñana, que son Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado, todos ellos integrantes del denominado Condado de Huelva.

Ambos partidos vuelven a propiciar en su iniciativa, como ya hicieran en enero de 2022, en la pasada legislatura, que terrenos que eran de regadío antes del Plan de Ordenación de 2014 sean considerados como tales dentro de las zonas B y C, zonas de una menor protección ambiental y que en 2014 se describieron, respectivamente, como "los espacios agrícolas intersticiales de la zona A" y "los terrenos no incluidos en las zonas anteriores".

La precisión que ahora hacen es apuntar que "estos terrenos podrán obtener derechos de aguas, que procederán de aguas superficiales, salvo que la administración hidráulica de la Demarcación Hidrográfica donde se encuentren estos terrenos establezca un origen de recursos diferente".

Se invoca en el texto la previsión contenida en la Ley 10/2018 sobre la transferencia de 19,99 hectómetros cúbicos desde la Demarcación Hidrográfica de los ríos Tinto, Odiel y Piedras a la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir, que prevé ese trasvase para "garantizar el abastecimiento de los municipios del Condado de Huelva, mejorar la garantía del riego, la recuperación de los acuíferos de la zona y el equilibrio hídrico del entorno y especialmente del Parque de Nacional de Doñana".

En la exposición de motivos del texto se apunta que "en un ejercicio de honestidad, es sano recordar que no se trata de nuevos suelos agrícolas en modo alguno, son suelos agrícolas que lo eran antes de la entrada en vigor del Plan Especial, no se aumenta en modo alguno la superficie real y se busca dar una solución de legalidad y justicia materiald a ciudadanos y empresas".

La novedad de esta Proposición de Ley conjunta de PP y Vox en comparación con el texto de enero de 2022 es la inclusión de cultivos forestales de turno corto dentro de la zona de mayor protección de Doñana, descrita como Zona A en el Plan Especial de Ordenación de las zonas de regadío ubicadas al norte de la Corona Forestal de Doñana (PEOCFD), aprobado en diciembre de 2014 con el Decreto 178/2014.

CULTIVOS FORESTALES DE USO CORTO

Ese Plan de 2014 incluye en esa zona A, que reproduce los criterios establecidos en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTAD), terrenos como los Espacios Naturales Protegidos, "los terrenos no grafiados como tales en la cartografía del Plan, que hayan transformado el uso forestal sin autorización de la Administración forestal competente".

El matiz que introducen PP y Vox en su Proposición de Ley es una excepción a ese precepto para "las superficies en las que se hubieren implantado cultivos forestales de turno corto, según lo previsto en la Ley Forestal de Andalucía".

Ambos grupos proponen modificar el artículo 23.4.a) del Plan de Ordenación de 2014, relativo a terrenos con un expediente sancionador por cambio de uso sin autorización de terreno forestal a agrícola, para precisar que "no se aplicará esta exclusión a aquellas superficies que tengan la consideración de agrícola, según la normativa vigente".

Quieren cambiar el artículo 23.5 del Plan de 2014, que define como suelos agrícolas los que legalmente tienen derecho de agua para regadío como aquellos terrenos agrícolas que pudieran ser regularizados, "siempre y cuando cumplan los requisitos del apartado 3. a) o c) y no estén incursos en las circunstancias excluyentes del apartado 4".

Buscan modificar también la regulación de la Comunidad de Regantes para establecer que "para dicha constitución se requerirá estar incluidos en los suelos agrícolas regables, así como la documentación acreditativa de la existencia de la explotación en regadío de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23.3 de este Plan Especial y de los derechos de agua correspondientes".

Y a esto añaden como nuevo artículo 39.1.c) del Plan de Ordenación de 2014 que "los solicitantes deberán aportar documentación acreditativa de que su explotación cumple los requisitos para ser calificada como suelo agrícola regable, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23.3 de este Plan Especial".

Proponen también la modificación de la Ley Forestal de Andalucía y del Reglamento Forestal de Andalucía, así como crear una Oficina de Seguimiento del Plan.

EL MINISTERIO NIEGA NEGOCIACIÓN CON LA JUNTA

Fuentes del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico han planteado a Europa Press que "desmiente tajantemente haber negociado con la Junta de Andalucía" la Proposición de Ley sobre los regadíos en en el entorno de Doñana, al tiempo que ha apelado a su defensa de "la legalidad y de Doñana".

PP: UN TEXTO DISTINTO, MEJORADO, TRABAJADO CON LOS AGRICULTORES

El portavoz parlamentario del PP, Toni Martín, ha sostenido este viernes en declaraciones a los medios que "se trata de un texto distinto, mejorado", en referencia a la Proposición de Ley presentada este viernes en comparación con la de enero de 2022, así como ha asegurado que se trata de "un texto intensamente trabajado con los agricultores de la zona", así como que se ha negociado con el Gobierno, con una Secretaría de Estado, al que ha reprochado que "ahora lo niega", además de sostener que recoge "la sensibilidad" del PSOE, aunque no su firma, por incluir planteamientos que reflejaron sus enmiendas.

VOX: SE VA A PONER FIN A UNA INJUSTICIA

Vox ha sostenido este viernes sobre la firma de esta Proposición de Ley con el PP que con ella "se va a poner fin a una injusticia mediante el reconocimiento para las pequeñas y medianas explotaciones agrícolas en la Corona Norte del Condado de Huelva", como ha asegurado el parlamentario de este partido por Huelva, Rafael Segovia, en una nota de este partido.

"Los productores de frutos rojos de Huelva tenían derecho a que se les reconociera sus tierras, después de 10 años de calvario donde se les trataba como 'ladrones de agua' de Doñana", ha afirmado, convencido de que "hay agua suficiente para el turismo y la agricultura, pero no está donde se necesita".

Vox ha augurado que esta Proposición de Ley ahora saldrá adelante con este acuerdo y que "servirá para instar a que se acaben las obras pendientes que tiene que acometer el Gobierno de Sánchez", entre las que señala "las aportaciones del Tinto-Odiel-Piedras a la Cuenca del Guadalquivir a través del Túnel de San Silvestre o la terminación, de una vez, de la presa de Alcolea".

EL PSOE-A VE INTERESES ELECTORALES EN LA MEDIDA

Los socialsitas andaluces han reprochado al presidente de la Junta que vuelva a esconderse tras su grupo parlamentario y no asuma su responsabilidad" sobre los regadíos en Doñana. Se trata de una proposición de ley que supone una "desautorización en toda regla al compromiso de Moreno Bonilla y de su consejero de Sostenibilidad de presentar una nueva norma desde el diálogo con el territorio, los ayuntamientos y el Consejo de Participación de Doñana, como es preceptivo.

El PSOE-A ha sostenido además que el PP "vuelve a sacar este asunto por puros intereses electorales, como hizo el año pasado".

WWF HA PEDIDO LA RETIRADA DE LA PROPOSICIÓN

La organización ecologista ve la propuesta tan grave e inaceptable como la anterior, y considera que es un nuevo intento para legalizar y recompensar a las explotaciones de fresas que hoy están expoliando el acuífero de Doñana. Una maniobra que nace sin el consenso de los actores del territorio y que la organización atribuye a la cercanía de las próximas elecciones municipales. A juicio de WWF, el procedimiento elegido para la modificación del Plan de la Fresa por el Gobierno del presidente Moreno Bonilla, solo pretende evitar la participación pública, la normativa de evaluación de impacto ambiental y los informes preceptivos para la aprobación y modificación de los mismos como el de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que ya se ha expresado en contra.

El único interés del PP andaluz y la Junta de Andalucía, según WWF, es el de amnistiar a un reducido grupo de explotaciones ilegales, que reivindican unos derechos que son inexistentes, sin posibilidad de oposición ciudadana o de informes negativos que pongan en riesgo la modificación por su evidente ilegalidad.