Intrusismo: cazados 15 taxis-piratas y denunciados 7 VTC en apenas una semana en la ciudad de Málaga
Tan solo diez personas han sido sancionadas por orinar en la vía pública
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El dispositivo de vigilancia contra el intrusismo, “taxis-pirata”, se salda con 31 denuncias por varios incumplimientos en las 59 intervenciones realizadas / Agencias
Málaga
La Policía Local de Málaga ha tramitado en la última semana un total de 63 denuncias, 67 a establecimientos y 36 personas de la zona del centro histórico, y los distritos de Teatinos y Carretera de Cádiz por incumplir las ordenanzas de convivencia ciudadana
Respecto al dispositivo policial extraordinario de vigilancia contra el intrusismo en el servicio de transporte público, de control de VTC y de taxis, se han realizado un total de 59 intervenciones cuyo resultado ha sido 31 denuncias por diferentes incumplimientos: 9 taxis, 15 taxis-pirata y 7 VTC.
En lo referente al control del cumplimiento de la ordenanza de Ruido se ha denunciado a un total de 36 personas: 3 personas por cantar o proferir gritos en la vía pública y el resto por realizar actividades que impedían descansar los vecinos
En cuanto la ordenanza de convivencia Ciudadana se han efectuado un total de 21 denuncias, 6 de ellas por consumir bebidas en zonas no autorizadas; 10 por hacer las necesidades fisiológicas en la vía pública; y otras 4 por ordenar el aparcamiento sin autorización
Las 10 denuncias por hacer las necesidades fisiológicas en la vía pública se han registrado en las calles Beatas (5) Granada (1) Granados (2) y San Telmo (2)
En actuaciones sobre establecimientos públicos, se han sancionado a 27 por diferentes motivos relativos a diferentes ordenanzas.
De las denuncias interpuestas: 6 por no tener la documentación exigida en regla; 5 por dejar transcender música al exterior por puertas o ventanas; 4 por causas relacionadas con ocupación indebida de la vía pública sin autorización y 2 por venta tabaco en lugares no permitidos
Las denuncias relacionadas con la contaminación acústica pueden suponer una sanción administrativa cuyo importe oscila entre los 600 euros, las catalogadas cómo leves y los 300.000 euros, las consideradas cómo muy graves; respecto las relacionadas con la ordenanza de Convivencia Ciudadana a partir de los 300 euros.
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