Córdoba

El Ayuntamiento de Córdoba acudirá a la Fiscalía Provincial de Córdoba para que se inicie una investigación más contra el ex delegado de Infraestructuras y concejal no adscrito, David Dorado; y la ex coordinadora municipal de este área, que fue cesada. Podría abrirse así una nueva ramificación del Caso Infraestructuras si el Ministerio Público aprecia indicios de delito en los hechos denunciados por el consistorio, en esta ocasión, referidos a un contrato mayor relacionado con los sistemas de alarmas y seguridad de edificios y colegios públicos.

Según ha podido saber Radio Córdoba - Cadena SER, la investigación que lideran la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF), ha detectado una adjudicación realizada por Dorado de forma presuntamente irregular. Previsiblemente, esta información será puesta a disposición de la Junta de Gobierno Local el próximo lunes, a fin de que se adopten las medidas oportunas.

El contrato bajo sospecha se refiere al 'servicio de mantenimiento de instalaciones contra intrusión en colegios públicos y edificios municipales'. Una prestación que venía realizando una empresa desde mayo de 2018, pero a la finalización del mismo, la delegación de Infraestructuras decidió sucesivas prórrogas. Sin embargo, el criterio de este área cambió repentinamente y se decidió suspender la última de ellas. El Ayuntamiento quería sacar un nuevo pliego de licitación.

Las pesquisas de investigación han identificado que el entonces delegado de Infraestructuras, David Dorado, rubricó con una nueva empresa el contrato para la prestación de esos servicios de seguridad. Todo ello sin seguir el procedimiento rutinario en las contrataciones públicas y sin contar con los informes preceptivos.

Es decir, no consta expediente en el Ayuntamiento de Córdoba sobre este contrato, que por su cuantía debiera haber sido publicado en la Plataforma de Contratación a fin de que cualquier empresa pudiera presentar su oferta en un ámbito de libre competencia. Pero se adjudicó 'a dedo', de forma que el servicio de Asesoría Jurídica municipal advierte de un incumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público, considerando que debe ser puesto en conocimiento de la Fiscalía.

FACTURAS FRACCIONADAS

Según ha descubierto la UDEF, la empresa investigada habría presentado varias facturas correspondientes a una misma mensualidad. Todo ello a fin de hacerlas inferiores a 3.000 euros y así poder eludir los sistemas de control que establece el consistorio, mucho más flexibles cuando la cifra no supera dicha cantidad.

En total, según han confirmado a La SER fuentes cercanas a la investigación, el Ayuntamiento de Córdoba habría abonado a la compañía bajo sospecha "más de 71.000 euros, pero la canitdad monetaria requerida en facturas es mucho mayor". Sin embargo, el Servicio de Intervención habría paralizado los pagos al detectar la presunta irregularidad, "a principios del año 2022".

La investigación no encuentra justificación posible a la fórmula utilizada por el Área de Infraestructuras para la adjudicación de este contrato, que a día de hoy se revisa punto por punto en la calle Capitulares.