La EMT y el Metro estudian si aplicarán la rebaja que recortaría a la mitad el coste del trayecto

Málaga

El ayuntamiento de Málaga y la Junta de Andalucía estudian ya si aplicarán las rebajas al transporte público que les solicita el Gobierno para mantener las bonificaciones gubernamentales del 30 por ciento a las tarifas y que supondrían recortes de los precios del 50 por ciento en los abonos y títulos multiviaje durnte los seis primeros meses del año. Con el Boletín Oficial del Estado en la mano -donde se incluyen las medidas anticrisis aprobadas ayer por el Consejo de Ministros- ambas administraciones analizan si recogerán el guante del ejecutivo central y asumirán la rebaja del 20 por ciento adicional en los transportes de su competencia. Todo sumado supondría que subir al metro de Málaga o a los autobuses municipales de la EMT (la Empresa Municipal de Transportes) costaría la mitad, excluyendo el billete ordinario.

Eso sí, las fechas del anuncio no han sentado bien a ninguna de las dos administraciones. Quedan tres días para que acabe el año y tendrán que hacer una modificación presupuestaria si quieren aprobar la medida. El Gobierno les da de plazo hasta febrero para acatarla; luego podrán solicitar de forma retroactiva el dinero al gobierno.

En el caso de la EMT, el ayuntamiento ha venido aplicando rebajas adicionales de hasta el 10 por ciento a las bonificaciones del gobierno, por lo que tendría que duplicar ese esfuerzo económico. El anuncio del ejecutivo pilla a la Empresa Municipal de Autobuses sin haberse recuperado de la pandemia, con unos ingresos que se quedan al 85 por ciento de los registrado en 2019, pero donde son conscientes de que las rebajas pueden seguir incentivando el uso transporte público. La medida se está estudiando, aunque el concejal de Movilidad, José del Río, indica a la Cadena SER que es "casi imposible" empezar a aplicar las rebajas desde el 2 de enero.

En el caso de la Junta, ésta no aplicó rebajas adicionales al recorte del 30 por ciento en el metro que puso en marcha el Gobierno. Especialmente molesta se ha mostrado la consejera de Fomento, Mari Fran Carazo, que califica de "poco serio" el anuncio por los plazos en los que se ha dado a conocer, "sin consenso" con las administraciones y "en sentido de amenaza" porque si no se completa la rebaja, el Gobierno no aportará su bonificación..