La Junta saca a licitación el contrato del transporte sanitario por menos de lo prometido

Valladolid

UGT denuncia que el contrato que ha salido a licitación para el transporte sanitario lo ha hecho por 72 millones de euros menos de lo que prometió la Junta de Castilla y León en su día: el entonces vicepresidente del ejecutivo autonómico, Francisco Igea, fijó el pasado 9 de diciembre en 809 millones de euros el contrato que se sacaría a licitación mientras que, según el anuncio de información previa colgado en el Diario Oficial de la Unión Europea, ahora se reduce a 737 millones.

Una rebaja que lleva aparejado menos ambulancias de las prometidas también, 59 menos de lo que se había dicho en un principio, pasando de 763 a 704. De hecho, era uno de los aspectos en los que más insistían desde la Junta, sobre todo después de las denuncias sobre falta de vehículos en algunas provincias. Miguel Holguín, de UGT, pide que se aclare dónde no se van a implantar esos vehículos: "Que nos diga de dónde salen esos 59 vehículos menos y cómo se van a repartir en el territorio ese déficit".

Holguín recuerda además que este plan iba ligado a la reestructuración de la Atención primaria en Castilla y León, con la promesa de poner "un vehículo al menos de soporte vital en todos los centros de salud para solventar el déficit de atención que tenemos en el medio rural".

Alerta también de la reducción en los "vehículos de programado individuales" en favor de los colectivos, algo que van a notar especialmente los pacientes del medio rural: "Cada vez va a haber menos ambulancias para llevar a pacientes de forma individual a consultas, diálisis, tratamientos de hospital de día u oncológicos, y se van a convertir casi todos en vehículos colectivos con lo que supone para el medio rural, con grandes traslados entre pueblos, viajes interminables para los pacientes que están en una situación extremadamente delicada".

Sin noticias de la auditoría

A todo ello se añade la ausencia de novedades respecto a la auditoría aprobada en las Cortes a la que se iba a someter la actual concesionaria, Ambuibérica, tras las denuncias reiteradas de sindicatos y oposición sobre el mal estado de las ambulancias y las condiciones precarias de la plantilla.

Eso fue el pasado mes de octubre y se aprobó con el apoyo de todos los grupos parlamentarios. Sin embargo, Holguín asegura que no se ha dado ningún paso en ese aspecto: "Parafraseando al portavoz del PP en las Cortes, que dice que las comisiones de investigación no sirven para nada, habrán tomado buena nota de ello y dirán que las auditorías tampoco sirven para nada aunque sea un mandato de las Cortes". En todo caso, insiste en que la auditoría tenía sentido llevarla a cabo a la concesionaria antes de que finalizase el contrato -vence el 30 de junio- "para ver si sería ético que la actual licitadora, si de la auditoría se desprendía que hubiera habido incumplimientos del contrato".