Sociedad

29 familias de La Alberca se enfrentan a un desahucio por parte del "banco malo"

Se trata de un centenar de personas que denuncian que llevan años pagando el alquiler de sus viviendas y que están dispuestos tanto a seguir pagando como a comprar los inmuebles a la SAREB

Los jóvenes que se enfrenan a desahucio por la Sareb a las puertas de la Ciudad de la Justicia / Cadena SER

Murcia

Esta mañana han acudido a la celebración de una vista en la Ciudad de la Justicia donde se ve un proceso de ejecución hipotecaria contra el promotor del edificio.

Se trata de la ejecución de una hipoteca concedida en 2007 a una constructora por parte de la Sareb. Ese proceso se inició en 2017 y, mientras tanto estas familias tenían suscritos contratos de alquiler con una empresa a la que han estado pagando de forma regular y sin ningún problema.

A la entrada a la vista en la Ciudad de la Justicia, estas familias han contado que llevan años, algunas hasta siete años, pagando el alquiler en sus viviendas de La Alberca, pero ahora se enfrentan a un procedimiento de desahucio instado por la Sareb, que es quien absorbió hace cinco años los activos inmobiliarios derivados de la crisis financiera de 2008. El portavoz de las familias, Antonio Pérez ha dicho que con ellos el "banco malo" no perdería nada, porque tienen voluntad de seguir pagando sus alquileres o incluso comprar las viviendas de forma preferente.

Las familias han acudido acompañadas por la Plataforma de afectados por la Hipoteca, cuyo portavoz, Francisco Morote, según ha explicado Francisco Morote, ha pedido que se detenga el proceso judicial y además reclama al Estado que todas las viviendas del denominado "banco malo" pasen al parque público de vivienda.

Muchas de estas familias son parejas jóvenes con niños pequeños y como ejemplo, José Javier Vidal, de 38 años que esta mañana ha tenido que acudir a la Ciudad de la Justicia dejando a su mujer de parto en el hospital. El juzgado no le ha permitido llevar a cabo el aplazamiento de la vista.

Estas familias creen que no hay ninguna necesidad de desalojar a quien tiene intención de seguir viviendo en esas viviendas y piden que negocien con ellos para mantener alquileres u ofrecerles una opción de compra.

 
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