El IASS sobre el envío de mascarillas en abril de 2020: "Estamos muy tranquilos con este contrato"

Zaragoza

El material de protección (mascarillas y guantes de vinilo) "llegó y se distribuyó en residencias de mayores", tanto públicas como privadas, y "se cumplió con la legalidad vigente": un decreto - ley del gobierno central "amparaba los pagos por adelantado, con el aval del estado", al principio de la pandemia. Es la explicación que ha dado el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, esta mañana, tras una información publicada por el diario ABC, que asegura que el Gobierno de Aragón pagó, en abril de 2020, 244.000 euros por un cargamento 'fantasma' de mascarillas.

La directora del IASS, Noelia Carbó, ha señalado que se encuentran "muy tranquilos con este contrato" y que volvería a realizarlo "una y mil veces si fuese necesario".

En estos momentos, la Cámara de Cuentas está realizando un informe especial sobre los gastos extraordinarios originados por el covid y se ha detectado un problema con la factura de ese envío, al que el Gobierno de Aragón ha presentado alegaciones. La previsión es que se publique en el mes de junio. La consejera de Derechos Sociales, Mariví Broto, comparecerá a petición propia en el parlamento autonómico.

En sus alegaciones al órgano fiscalizador, el IASS asegura que el proveedor, la empresa Escrown&Trust Europe Foundation, con sede en Amsterdam, envió el material pero las facturas fueron transmitidas por correo electrónico y nunca dispuso del original, a pesar de que se lo requirió al proveedor en reiteradas ocasiones.

El material "llegó" y "se repartió"

Ante las informaciones publicadas este sábado al respecto, Carbó ha comparecido en una rueda de prensa acompañada por el secretario general técnico de la Consejería de Ciudadanía y Derechos Sociales, José Antonio Jiménez, quien ha asegurado que él personalmente acudió, junto otras personas, al aeropuerto de Zaragoza para la recepción del material y que el dinero "se utilizó adecuadamente y con la finalidad prevista".

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La directora del IASS ha destacado que el contrato se hizo en un momento "muy crítico" de la pandemia, el 3 de abril de 2020, cuando todas las administraciones buscaban material de protección "por tierra, mar y aire" con el propósito, en el caso del IASS, de proteger tanto a los usuarios de las residencias de mayores como al personal que los atiende, y el material se recibió "íntegramente" y se repartió entre los centros públicos y también privados de las tres provincias.

Jiménez ha explicado que se recurrió a este proveedor y que el contrato se hizo "a prueba", para verificar la calidad del material y que la cadena de suministro era efectiva, por 70.000 mascarillas quirúrgicas y un millón de guantes de vinilo. Además, el envío incluía 7.000 FFP2, que quedaron bloqueadas porque no cumplían con la normativa y los certificados no eran correctos.

Jiménez ha reiterado que él personalmente pudo comprobar la calidad del material en el despacho de aduanas cuando llegó al aeropuerto de Zaragoza antes de dar la notificación correspondiente a la Agencia Tributaria y orden al transitario para despachar la mercancía, documentos que constan en el expediente que se remitió a la Cámara de Cuentas.

Las facturas

Ha explicado que el proveedor emitió las facturas por correo electrónico -y no como facturas electrónicas a través de la plataforma FACe, la requerida para que la administración formalice los pagos-, y que no fueron "lo suficientemente diligentes" para tramitarlas en papel a pesar de que entonces la norma vigente lo permitía, al tiempo que ha precisado que a raíz de esto, el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales no volvió a contratar con esta empresa.

"Me gustaría que mi madre sepa que ese material ha venido, se ha repartido y se pagó", ha enfatizado Jiménez, quien ha insistido en que su llegada al aeropuerto de Zaragoza "es un hecho" y también que se expidió por parte de la Aduana al Gobierno de Aragón y repartió entre las residencias.

El presidente de la Cámara de Cuentas, en la Cadena SER Aragón

La Cadena SER Aragón ya adelantó a principios de este mes de abril que la única incidencia que se había detectado era esta. Lo decía el presidente de la Cámara de Cuentas en La Rebotica, Alfonso Peña, el pasado 11 de abril. Los "suministros rechazados por ínfima calidad del producto que se entregaba, solamente tenemos un acta de 250.000 euros de unos suministros de protección individual, que se habían solicitado por el IASS", decía Peña.

Aseguraba, en esta entrevista de Radio Zaragoza, que en Aragón no se abusó de la contratación de emergencia, ni se pagaron precios desorbitados ni se concentraron contratos. Fueron 500 los que formalizó la DGA para comprar por esos 55 millones de euros, pero lo hizo a través de más de 250 adjudicatarios y en partidas atomizadas.

El Partido Popular pide explicaciones

El Partido Popular en Aragón ya ha pedido explicaciones y que se aclaren este y otros contratos. "Falta transparencia", critica Mar Vaquero, portavoz del PP en las Cortes.

"Queremos saber cuántas posibles operaciones puede haber con estas irregularidades", ha remarcado. "A un Gobierno, lo mínimo que se le puede exigir es que actúe con transparencia y aplicando los debidos mecanismos de control", ha continuado.

Para Vaquero, "no se pueden amparar en que esto es bajo las instrucciones del Ministerio de Hacienda, porque eso no quiere decir que esté bien hecho".