La Audiencia Provincial continuará investigando a 50 personas por malversación en las obras del AVE

Murcia

Medio centenar de personas seguirán siendo investigadas en el marco del "Caso César" por el fraude de las obras del AVE, según informa el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia. En este caso, se investiga el desvío de fondos públicos en las obras de reposición de infraestructuras hidráulicas, afectadas por la construcción de la plataforma de alta velocidad del Levante.

La instrucción se centra en la actuación de diversas empresas constructoras integrantes de las cuatro UTE (encargadas de los cuatro tramos de la línea del AVE de Crevillente a Murcia) además de responsables de ADIF. Se continuará así el proceso por si los hechos investigados fueran constitutivos de "delitos contra la Hacienda Pública, organización criminal, estafa, malversación de caudales públicos, falsedad documental, blanqueo de capitales o insolvencia punible", informa el TSJ.

En esta ocasión, la sección 2 de la Audiencia Provincial de Murcia (APMU) ha notificado un total de 26 autos que resuelven los recursos presentados contra el auto del juzgado de Instrucción número 9 de 13 de diciembre de 2020 que ordenaba la continuación del procedimiento. También figuran como investigados, responsables del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela y de la Comunidad de Regantes San Felipe Neri, el director e interventor de una sucursal bancaria en Santomera, personas relacionadas con la empresa subcontratista de los trabajos de reposición y representantes legales de empresas aparentemente creadas para posibilitar el desvío de fondos. En total, más de 50 investigados.

La resolución, ahora en gran parte confirmada, ordenaba la continuación del proceso por los trámites del procedimiento abreviado.

Frente a los hechos que el juzgado instructor expuso en el auto recurrido, se interpusieron 26 recursos alegando, en esencia, la falta de determinación en la imputación. A ellos se oponía el Ministerio Fiscal entendiendo que el auto apelado sí contiene un relato de hechos “claramente incriminatoria” y el Abogado del Estado indicando que quedaba “acreditada la participación” de los recurrentes en el procedimiento de desvío de fondos investigado.

Tras un análisis muy detallado de la última jurisprudencia del Tribunal Supremo, la Sala explica cuál debe ser el contenido exigible del auto recurrido y aclara que el juez instructor debe valorar en esta resolución la existencia de indicios de ocurrencia de los hechos denunciados, previa a la apertura del juicio oral y debe continuar el procedimiento, si considera aquellos suficientes, poniendo de manifiesto cuáles son los hechos imputados y las personas responsables.

Así pues, resume, “la fase de instrucción sirve de filtro de hechos que, teniendo relevancia penal, pueden ser atribuidos a una persona concreta e identificada y debe impedir celebrar juicios por hechos no constitutivos de delito”.

Es en este punto donde la Audiencia Provincial concreta la ingente documentación y numerosas diligencias de instrucción practicadas y analiza en las diferentes resoluciones, para cada uno de los investigados, de forma pormenorizada, los indicios de criminalidad existentes. Es por eso por lo que confirma que continúe la tramitación de la causa contra más de 50 investigados relacionados con el Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela, la comunidad de Regantes San Felipe Neri, las constructoras de los cuatro tramos en los que se denuncia el fraude y algunos de los responsables de ADIF en el momento de los hechos.

No obstante, la Audiencia estima tres de los recursos presentados y sobresee la causa respecto los que fueran director general de Grandes Proyectos y director de Infraestructuras de la Línea de Alta Velocidad de ADIF y el secretario de la Comunidad de Regantes San Felipe Neri. Además, en otros cinco casos los recurrentes, familiares de un administrador de sociedades que habrían facturado hasta 1,6 millones por reposiciones hidráulicas no llevadas a cabo, dejan de ser investigados y se convierten en responsables civiles subsidiarios o participes a título lucrativo.